Page 17 - JOANA GISELL BUSTOS CASTILLO
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Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de


               establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada

               persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras las siguientes acciones:


                  V. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación

               abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión

               educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.


               (Ley General de Educación, 2019).




                  Y ante la emergencia sanitaria, y la suspensión de las clases se dio a conocer el programa

               “Aprende en casa” implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para resolver la


               incapacidad de alumnos y profesores para volver a clases presenciales debido a las medidas de

               distanciamiento que tienen el objetivo de evitar la propagación de Covid-19. Los alumnos de


               educación básica (preescolar, primaria y secundaria) llevarán su ciclo escolar de manera remota,

               día a día, en los horarios y canales dispuestos por la SEP, junto con las medidas que tome cada


               institución para cubrir las clases a través de videollamadas en diferentes plataformas.



                  A continuación, se presenta la ley que señala las normas generales y garantiza el derecho a la


               educación reconocido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos

               Mexicanos.


                  La Ley General de Educación decreta en el:

                  Artículo 2º: El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en


               el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y

               políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.






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