Page 13 - MARIA FERNANDA VALENCIA ARELLANO
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educativas que tiene que basarse en la reforma educativa actual, conjuntamente con los


               supervisores y directivos escolares, maestros, alumnos y padres de familia, haciendo participe a

               cada uno de los agentes que intervienen dentro la educación.



                  Para que exista una educación de calidad en México es fundamental desarrollar las


               capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano, en los ámbitos intelectual, afectivo,

               artístico y deportivo, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad


               personal y la de los otros como lo afirma (Jarés, 2004). El nivel de aprendizaje, la cobertura y la

               equidad son tres grandes facetas de la calidad educativa que se tendrán que atender


               simultáneamente a fin de garantizar la calidad educativa, dando resultados positivos si se

               mantiene un seguimiento constante.



                  La formación ciudadana es una acción social que implica todas las interacciones que ocurren


               en la comunidad política, porque ahí se desarrolla la persona como sujeto de derechos y, en

               interdependencia con ese proceso, ocurre otro en el que se construye y consolida la comunidad.


               Tal acción involucra el funcionamiento del gobierno y el de la institución escolar, que es un

               conglomerado de pequeñas sociedades en las que el Estado constitucional se concreta y se

               construye en la experiencia de los sujetos: maestros y directivos tienen una responsabilidad que


               se origina en los derechos de las personas, en las atribuciones gubernamentales y en los


               propósitos sociales de la escuela. La formación ciudadana no es una tarea social que se limite a la

               pedagogía y la experiencia escolar, que son el objeto del artículo 3°, pues este concurre con el

               artículo 1°, que reconoce los derechos humanos y obliga al gobierno a su promoción, respeto,


               protección y garantía.






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